Por: Gabriela Méndez Ospino*
Desde mediados de 2016 y en lo que va de 2017 ya han sido varios los referendos que han alzado el vuelo (o pretendido hacerlo) con el propósito de pedir al constituyente primario que tome decisiones respecto al futuro del país. Hasta ahora, sus temáticas oscilan entre un llamado a la reducción del salario de nuestros ilustres congresistas**, exigir la dimisión del presidente Santos, y una nueva búsqueda de la cadena perpetua para los abusadores carnales de niños. Dejando de lado juicios de valor respecto a las mismas, se vuelve necesario reflexionar en torno a este repentino auge de la consulta directa, y lo que ello puede significar para el país. Los colombianos no se caracterizan por hacer uso frecuente de los mecanismos de participación fuera del sufragio universal.
El referendo sobre el acuerdo de paz del año pasado fue el primero llevado a cabo desde aquel que, en los años 50, buscó dar vía libre al Frente Nacional, entre otras reformas. Aparte de aquel, en nuestros 200 años de historia llegaron a ser una realidad el referendo territorial de San Andrés en 1882, el referendo constitucional de 1886, y el referendo constitucional de 2003 impulsado por el entonces presidente Álvaro Uribe; y quedaron en el olvido la presunta consulta popular para evaluar el gobierno Samper tras el proceso 8000, el referendo de Pastrana para revocar el Congreso, el referendo para la tercera reelección de Uribe en 2008, e intentos para lograr la cadena perpetua de los violadores de niños y que el agua sea declarada derecho fundamental.
La otra gran manifestación del pueblo en las urnas que arribó a buen puerto, madre de la Carta de 1991, no era exactamente legal y, en definitiva, tampoco exactamente constitucional bajo la legalidad vigente. Nació en un movimiento popular estudiantil y halló su lugar en aquel vacío a veces surgido entre el Derecho y la Política, donde la segunda, en representación de las necesidades del pueblo, ha de hacer caso omiso del primero en búsqueda de metas cuyo calibre resulta mayor que la ley. En 1990 esa meta mayor fue la convocatoria de una Asamblea Constituyente que daría lugar a una nueva Constitución. Y es que ni Francisco de Paula Santander hubiera podido hallar una manera viable de revocar la Carta de 1886.
Entre todos los ya mencionados, pocos surgieron de la iniciativa ciudadana. Y el mayor de todos, la Séptima Papeleta, logró el mayor de los resultados. De manera que la línea de fondo a la que quiero llegar vendría siendo la siguiente: cuando así se lo propone, la nación se hace escuchar.
Pero, ¿por qué hay ahora un repunte de la participación por mecanismos de consulta directa convocados por iniciativa ciudadana? Y es que las palabras a subrayar son, sin duda, iniciativa ciudadana. En adición a los mencionados al inicio de esta nota, hay otro proyecto de referendo que pasó de agache el año pasado al ser eclipsado por el ambiente de polarización y demás tensiones reinantes durante las campañas del plebiscito sobre el acuerdo de paz. Los impulsores del Referendo por el Agro entregaron el pasado primero de diciembre las firmas que recolectaron en su búsqueda por:
“Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del país mediante 1) la protección y fomento de la producción nacional agropecuaria y el trabajo que de ella se deriva, en marcos de sustentabilidad y equidad de género, así como de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales; 2) la renegociación o terminación unilateral de los TLCs; y 3) a partir de la promulgación de una Ley de Agricultura Familiar, garantizar a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes el derecho a una vida digna y a un desarrollo a partir de formas de economía propia y a conservar y controlar la biodiversidad y conocimientos asociados que se encuentran en sus territorios. “ (Resumen ejecutivo de exposición de motivos del Referendo por el Agro, 2016).
Este se constituye en otro de tantos esfuerzos realizados por parte de los campesinos colombianos por hacer valer sus derechos, y, como dirían los miembros de OPDS Montes de María, la permanencia digna en el territorio. De hecho, en el año 2011 la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) como respuesta a la gran cantidad de violaciones de los derechos de las personas y las comunidades vulnerables no atendidas o atendidas de modo deficiente por las instituciones estatales. Ya entrando el 2017, la salida del ECI se ve aún en la distancia.
Hoy, la historia, la persistencia del ECI, las manifestaciones populares como las multitudinarias marchas por la paz llevadas a cabo en 2016, y finalmente estos nuevos referendos de iniciativa ciudadana, no pueden sino hacerme pensar en aquellas palabras anotadas al margen de un cuaderno durante la clase de filosofía política: cuando el Estado empieza a incumplir, es deber del pueblo exigir. Es su deber actuar.
*Estudiante de V Semestre de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Tecnológica de Bolívar
** Aquí se puede encontrar toda la información referente al referendo por la reducción del salario de los congresistas, incluyendo el formulario para recolección de firmas: http://www.referendoco2017.com/
Punto de partida - Ciencia Política y Relaciones Internacionales UTB 