¿El año de los referendos, o el resurgir de la voz popular?

Por: Gabriela Méndez Ospino*

Desde mediados de 2016 y en lo que va de 2017 ya han sido varios los referendos que han alzado el vuelo (o pretendido hacerlo) con el propósito de pedir al constituyente primario que tome decisiones respecto al futuro del país. Hasta ahora, sus temáticas oscilan entre un llamado a la reducción del salario de nuestros ilustres congresistas**,  exigir la dimisión del presidente Santos, y una nueva búsqueda de la cadena perpetua para los abusadores carnales de niños. Dejando de lado juicios de valor respecto a las mismas, se vuelve necesario reflexionar en torno a este repentino auge de la consulta directa, y lo que ello puede significar para el país. Los colombianos no se caracterizan por hacer uso frecuente de los mecanismos de participación fuera del sufragio universal.

El referendo sobre el acuerdo de paz del año pasado fue el primero llevado a cabo desde aquel que, en los años 50, buscó dar vía libre al Frente Nacional, entre otras reformas. Aparte de aquel, en nuestros 200 años de historia llegaron a ser una realidad el referendo territorial de San Andrés en 1882, el referendo constitucional de 1886, y el referendo constitucional de 2003 impulsado por el entonces presidente Álvaro Uribe; y quedaron en el olvido la presunta consulta popular para evaluar el gobierno Samper tras el proceso 8000, el referendo de Pastrana para revocar el Congreso, el referendo para la tercera reelección de Uribe en 2008, e intentos para lograr la cadena perpetua de los violadores de niños y que el agua sea declarada derecho fundamental.

La otra gran manifestación del pueblo en las urnas que arribó a buen puerto, madre de la Carta de 1991, no era exactamente legal y, en definitiva, tampoco exactamente constitucional bajo la legalidad vigente. Nació en un movimiento popular estudiantil y halló su lugar en aquel vacío a veces surgido entre el Derecho y la Política, donde la segunda, en representación de las necesidades del pueblo, ha de hacer caso omiso del primero en búsqueda de metas cuyo calibre resulta mayor que la ley. En 1990 esa meta mayor fue la convocatoria de una Asamblea Constituyente que daría lugar a una nueva Constitución. Y es que ni Francisco de Paula Santander hubiera podido hallar una manera viable de revocar la Carta de 1886.

Entre todos los ya mencionados, pocos surgieron de la iniciativa ciudadana. Y el mayor de todos, la Séptima Papeleta, logró el mayor de los resultados. De manera que la línea de fondo a la que quiero llegar vendría siendo la siguiente: cuando así se lo propone, la nación se hace escuchar.

Pero, ¿por qué hay ahora un repunte de la participación por mecanismos de consulta directa convocados por iniciativa ciudadana? Y es que las palabras a subrayar son, sin duda, iniciativa ciudadana. En adición a los mencionados al inicio de esta nota, hay otro proyecto de referendo que pasó de agache el año pasado al ser eclipsado por el ambiente de polarización y demás tensiones reinantes durante las campañas del plebiscito sobre el acuerdo de paz. Los impulsores del Referendo por el Agro entregaron el pasado primero de diciembre las firmas que recolectaron en su búsqueda por:

“Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del país mediante 1) la protección y fomento de la producción nacional agropecuaria y el trabajo que de ella se deriva, en marcos de sustentabilidad y equidad de género, así como de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales; 2) la renegociación o terminación unilateral de los TLCs; y 3) a partir de la promulgación de una Ley de Agricultura Familiar, garantizar a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes el derecho a una vida digna y a un desarrollo a partir de formas de economía propia y a conservar y controlar la biodiversidad y conocimientos asociados que se encuentran en sus territorios. “ (Resumen ejecutivo de exposición de motivos del Referendo por el Agro, 2016).

Este se constituye en otro de tantos esfuerzos realizados por parte de los campesinos colombianos por hacer valer sus derechos, y, como dirían los miembros de OPDS Montes de María, la permanencia digna en el territorio. De hecho, en el año 2011 la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) como respuesta a la gran cantidad de violaciones de los derechos de las personas y las comunidades vulnerables no atendidas o atendidas de modo deficiente por las instituciones estatales. Ya entrando el 2017, la salida del ECI se ve aún en la distancia.

Hoy, la historia, la persistencia del ECI, las manifestaciones populares como las multitudinarias marchas por la paz llevadas a cabo en 2016, y finalmente estos nuevos referendos de iniciativa ciudadana, no pueden sino hacerme pensar en aquellas palabras anotadas al margen de un cuaderno durante la clase de filosofía política: cuando el Estado empieza a incumplir, es deber del pueblo exigir. Es su deber actuar.

*Estudiante de V Semestre de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Tecnológica de Bolívar

** Aquí se puede encontrar toda la información referente al referendo por la reducción del salario de los congresistas, incluyendo el formulario para recolección de firmas: http://www.referendoco2017.com/

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La corrupción emerge para traficar con la pobreza, los sueños y las aspiraciones de una sociedad justa

Por: Erika Ardila* y Juan Sebastian Cardenas**

La corrupción es un problema social que afecta a nuestra población, a Latinoamérica, a unos países más que otros, en sociedades modernas y no tan modernas de América, Europa y el resto del mundo. Es un viejo malestar cultural que experimentamos desde la colonia con la dolorosa trata de esclavos, el robo de tierras a los nativos, pasando por la construcción del Estado-nación republicano a finales del siglo XIX con las pugnas entre las élites conservadoras y liberales. Se manifiesta en el lenguaje cotidiano de la ventaja que impone el individualismo en las desgastadas frases del gana gana, o ¿cómo voy aquí? La corrupción se ajusta a la pirámide de la sociedad como medio de ascenso, arribismo y método de enriquecimiento. Los hechos de corrupción que hoy observamos en la administración pública, debilitan la democracia y en particular la representatividad de nuestro sistema político, económico, social y demás. Este dilema tiene muchos detractores en la democracia que suele practicar Colombia, y éste se encuentra en el colectivo imaginario de los ciudadanos del país. Hace falta tener conciencia acerca de lo que ocurre y tratar de combatir este malestar que afecta a nuestra nación. Son muchas la áreas que perjudica esta situación endémica, pero solamente se tratarán tres que se han vuelto muy conocidas por la divulgación que los medios de comunicación le han dado. La contratación de alimentos, los subsidios del Sisbén y el clientelismo.

La contratación de alimentos

El 78% de los contratos de alimentación en el Caribe colombiano se entregaron a particulares sin pasar por una licitación. “El programa se ha pervertido porque muchos actores políticos usan estos recursos públicos para obtener beneficios o pagar favores” dice Édgar Gómez, defensor delegado (e) para la infancia”. La inequidad es palpable hasta en la distribución de la comida que se prepara a los niños(as), muchos se quedan sin comer, la preparación de los alimentos se hace en el suelo, muchos platos y cubiertos están oxidados, y la sobras de los alimentos que se le da a los niños en las comidas siguientes, nos da a conocer que hay un problema en la manipulación de estos servicios sociales cuyo fin es servir a la población menos beneficiada. ¿Qué sucede con las entidades gubernamentales que verifican el cumplimiento de estos procesos?

Los beneficiarios del Sisbén

Por otro lado, tenemos el exorbitante abuso por parte de personas que no necesitan la ayuda que el Sisbén provee a ciudadanos de bajos recursos económicos. Además, hay individuos que están muertos y todavía siguen beneficiándose de dicha ayuda. La pregunta que se puede resaltar es: ¿quién realmente se está beneficiando de estas ayudas? “No solamente se han encontrado irregularidades con personas inscritas que han fallecido, también hay 80.000 beneficiarios que registran ingresos mayores a COP 3’800.000 (USD 1.296) mensuales, que corresponden a 5,8 salarios mínimos”. Si los índices de pobreza en Colombia siguen aumentando, los atropellos siguen ocurriendo, y la gran cantidad de personas que literalmente manipulan el sistema para beneficiarse continúan cometiendo estos delitos, ¿cómo vamos a esperar que resolvamos estos problemas? Para esto, hace falta tomar conciencia de estos actos y combatirlos, no sumarle inamovibles fallas que terminaran colapsando un sistema social que debería funcionar para la población menos beneficiada económicamente.

Clientelismo

En Colombia, cada vez que se entra en elecciones políticas, ya sea para elegir candidatos a la Alcaldía, Consejo, Asamblea, Gobernación, hasta la Presidencia, se producen los casos más atroces del clientelismo exacerbado. Por lo general, uno puede encontrarse con los actores “mitigadores de miseria” cuando van a barrios populares y empiezan a “traficar la corrupción” que se ve en abundancia con la compra y venta de votos para poder ganar los sufragios. De esta forma, muchas elecciones se han visto afectadas en especial las de Cartagena.

Los elegidos tienen su cuota de poder en los contratos para obras de infraestructura, favores políticos, repartición de beneficios entre líderes a través de la maquinaria de la corrupción que se queda con una buena parte del presupuesto del gasto público. La corrupción no debería observarse con ojos de complacencia y complicidad. Los hechos de corrupción que hoy observamos en la administración pública, debilitan la credibilidad institucional que hace parte de la sociedad. Cambiarlo requiere tiempo, y transformar las mentalidades del imaginario imperante dentro la comunidad por la justicia social es educarnos para forjar nuevas capacidades humanas que sean incluyentes, y por ende que beneficien a todos.

* Estudiante del Programa de Comunicación Social, Universidad Tecnológica de Bolívar

** Estudiante del Programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Tecnológica de Bolívar

Brasil, no pierdo la esperanza en ti

Por: Karen Ariza Carranza*

Sao Paulo, Brasil.

Hoy cumplo un mes de haber llegado a Brasil nuevamente; siempre es un placer. Me había abstenido de hablar sobre el tema Dilma, la crisis política y el impeachment. Me limitaba a escuchar comentarios, testimonios y opiniones de todos lados y leía para tener más claridad de la situación política de Brasil. Con todo sobre los Juegos Olímpicos, ni la tv ni la prensa tenían como prioridad la política, pero había un seguimiento de detalles, no mucho más que minutos o titulares de paso. De antemano sabíamos que el juicio político sería después de los Juegos, exactamente 10 días después de finalizarlos, tiempo suficiente para despedir a los turistas de Río y no entremezclar una cosa con la otra. Eso sí, aplaudidísimo por todos que la tensión por la posible destitución de Dilma como presidenta de Brasil, no se sintiera en la organización ni la realización de los primeros Juegos Olímpicos en Sudamerica, pero qué jugada tan perfectamente planeada… Ahora lo entiendo todo.

Hasta el 30 de agosto en televisión se vio todo el día el interrogatorio de los senadores hacia Rousseff, que en el momento seguía siendo presidenta, al menos en el papel. Ella respondía una a una las preguntas de los senadores. Veía de a ratos las respuestas, pero en verdad todo estaba dicho. Lo sabíamos todos, hasta la misma Dilma antes de iniciar con sus respuestas. Mientras la escuchaba y veía las reacciones de los senadores, pensé que sería más interesante si los congresistas fuesen cuestionados en su cargo, eso sí sería un show digno de televisión. Al día siguiente la actividad en Río era común y corriente, sólo alcancé a escuchar varios indignados que proclamaban a lo lejos “¡Fue un Golpe!” con cacerolazos; pero las protestas masivas ocurrieron en Sao Paulo, donde miles salieron a las calles a celebrar que finalmente el impeachment se logró. Con champaña y pudín, con la bandera de Brasil en mano, los grupos políticos conservadores mostraban su alegría por la destitución presidencial.

Los brasileños en general quieren un cambio, pero no saben a cargo de quién (o quiénes), y hasta me atrevería a decir que ni cómo. Si bien las calles están polarizadas entre los que están a favor y en contra de Dilma, los que rechazan a Temer, ahora presidente en el cargo, son amplia mayoría. De hecho, la campana “Fora Temer” fue más acogida en los Olímpicos que el mismo lema de Río 2016.

Parque Olímpico, Río 2016.

Volver a la izquierda parece que es una de las opciones menos viables. El Partido de los Trabajadores está realmente muy golpeado, y el mapa político en America Latina tampoco lo favorece. Argentina eligió dejar de lado el Kichnerismo, Venezuela cada vez está más cerca de una reforma radical, y Bolivia y Ecuador ya no tienen la misma fuerza política que antes. Además, esta vez Dilma no cuenta con el apoyo incondicional que tuvo cuando aspiró. Fueron 13 años durante los cuales la izquierda se instauró en la presidencia, y con Lula el panorama parecía indestronable. En definitiva eran otros tiempos, la gente estaba entusiasmada con el cambio y la propaganda mundial que tenía Brasil como actual potencia regional, tenía contentos a casi todos. Dilma llegó al cargo con 77% de popularidad y hoy lo deja con 10%. Había sido reelegida con más de 50 millones de votos en 2014, pero cuando la actividad económica se contrajo al 3.8% en 2015 la desconfianza en las calles le fue costando caro.

Brasil sabe que el país seguirá siendo caro y que no habrá tranquilidad política por al menos este año. La tensión está servida. Aún así, los brasileños saben que viven en el país de la esperanza latinoamericana. Por estos días muchos creen haberla perdido, pero la historia muestra un país fuerte y resistente. Estoy segura, no me cabe duda, que seguirá creciendo. Pero lo que me tiene dubitativa es el rumbo que tomará. En su comunicado oficial, Dilma se despidió con un poema del ruso Maiakovski:

No estamos contentos, por supuesto,
Pero ¿por qué razón deberíamos estar tristes?
El mar de la historia es agitado
Las amenazas y guerras, habremos de atravesarlas,
Las romperemos por la mitad,
Cortándolas como corta una quilla.

Vale la pena pensar más allá de las ideologías y compartir el mensaje para todos los brasileños. No hay tranquilidad, pero ya vendrán mejores tiempos. Fuerza Brasil.

* Estudiante del Programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Tecnológica de Bolívar

Cartagena necesita luchar contra la corrupción

Por: Armando José Navarro Burgos *

Cartagena presenta un riesgo medio de corrupción. Así lo reveló el más reciente Índice de Transparencia Municipal (ITM 2013/14) elaborado por la Corporación Transparencia por Colombia, que ubicó a la ciudad en el puesto 13 sobre 41 del ranking nacional con una calificación de 63,3 puntos de cien posibles.

El ITM es una herramienta que mide la vulnerabilidad de las entidades públicas ante posibles actos de corrupción. Es precisamente esa la esencia de su creación: prevenir hechos de corrupción en la gestión administrativa del Estado. Para obtener la calificación se analiza el acceso a la información pública o la capacidad de la entidad para divulgar información sobre la gestión (visibilidad); talento humano, políticas anticorrupción, gestión de la contratación (institucionalidad); y, atención al ciudadano, mecanismos de participación y control (control y sanción).

De acuerdo con esto, Cartagena obtuvo una calificación baja en visibilidad e institucionalidad, es decir que acceder a la información pública es difícil a través de la página web de la Alcaldía y otras plataformas web existentes como el Sigob y Secop tampoco son eficientes. Por otro lado, no hay políticas claras por parte de la administración para luchar contra la corrupción, se perciben dificultades para conocer información sobre los funcionarios y se hallaron inconvenientes en temas de contratación.

Desde la coordinación del Observatorio a la Transparencia en la Contratación, de Funcicar, he tenido la oportunidad de analizar de cerca cómo se han invertido los recursos públicos en el Distrito, especialmente durante el gobierno de Dionisio Vélez.

Mediante informes de seguimiento anuales, semestrales y trimestrales dimos a conocer, a través de los medios de comunicación de la ciudad, los datos destacados de cada análisis. La finalidad de este ejercicio es activar la transparencia y el control social, en otras palabras: llamar la atención de la Alcaldía en su conjunto, de los órganos de control y motivar un despertar ciudadano.

Más allá de los resultados puntuales sobre el predominio de la contratación directa y la prestación de servicios, de las obras inconclusas, las dudas y la deuda que dejó el crédito público de $250 mil millones de pesos –uno de los más grandes en la historia de Cartagena-, lo más preocupante es encontrar que los procesos de contratación no se publiquen en los plazos establecidos por la ley con todos los documentos y anexos que le permitan a los ciudadanos realizar un efectivo seguimiento a la inversión de los recursos.

Lo anterior evidencia una clara falta a la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) y al Decreto 1082 de 2015, que reglamenta el deber de publicar.

Si bien la contratación es tan solo uno de los temas evaluados en el ITM de Transparencia por Colombia, sí es un factor que nos permite sacar conclusiones y percibir las dificultades que tiene el Distrito para ser más transparente, especialmente la Alcaldía y sus entidades descentralizadas. En consecuencia, si no se publica la información completa a tiempo, será muy difícil disminuir los riesgos de corrupción.

Hoy el índice de transparencia nos ubica al nivel de Riohacha. Mientras en el anterior ITM Cartagena estaba en el puesto 5° con un riesgo moderado de corrupción y bajó significativamente al 13°, nuestra vecina Barranquilla subió del 12° al puesto número 1 con la mejor calificación del país.

Lo anterior revela que hemos retrocedido y que las tareas pendientes son muchas. Esperamos que el Alcalde Manuel Vicente Duque cumpla con la promesa que lanzó en campaña y reiteró en la firma del pacto por la transparencia y en el nuevo plan anticorrupción del Distrito: ubicar a nuestra ciudad entre las cinco primeras del ITM al finalizar su gobierno.

* Politólogo egresado de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Coordinador del Observatorio a la Transparencia en la Contratación Estatal de Funcicar.

La construcción de la paz, un motivo de reflexión

Por: Juan Sebastian Cárdenas *

El 23 de junio de 2016 fue un día histórico para Colombia. Ese día el actual Presidente de la República de Colombia Juan Manuel Santos firmó un acuerdo clave con las FARC-EP, que muy probablemente conllevará al fin del conflicto que se ha mantenido por más de 50 años. El conflicto armado, solo ha traído a nuestro país miseria, violencia, pobreza, tristeza, inestabilidad económica, millones de víctimas, y otras connotaciones negativas que han marcado nuestra sociedad. El tema ha sido noticia a través de las redes sociales.

Un ejemplo es el de Lina Quintero, quien manifiesta su inconformismo y desacuerdo con el Gobierno que está negociando con un grupo terrorista, así lo menciona. Después otro video que se volvió famoso fue el de su contra-argumento, realizado por un joven que afirma que Lina Quintero es hermana de un personaje que tuvo nexos con el paramilitarismo.

El expresidente Uribe – con muchas denuncias en su contra, entre los cuales se le denuncia por vínculos con el paramilitarismo – también dio conocer su opinión a través de los medios de comunicación, llamándole así: “La paz está herida. La pregunta que salta a la vista es, ¿de quién es la herida, de la paz o del expresidente? A juzgar por su lenguaje en el video, el herido es el expresidente.

Estos acontecimientos han llamado la atención de los ciudadanos en Colombia, quienes  muestran inconformidad por dicho proceso (sin haber profundizado en el análisis de los acuerdos). Por otra parte, quienes apoyan el proceso, lo hacen por el cansancio que produce una guerra sin fin, que ha generado ganancias a las empresas armamentistas transnacionales que se lucran de ella, y otros actores del conflicto de los intereses más variados.

Reflexionemos, quienes se oponen al proceso de paz afirman que el Estado colombiano le está regalando el país al castrochavismo favoreciendo los intereses de las FARC-EP. Evidentemente los opositores del proceso desconocen la historia nefasta que ha vivido Colombia. Analicemos: en el 2002 el expresidente Álvaro Uribe, dio inicio a la desmovilización de grupos paramilitares que habían sembrado el terror entre los campesinos, promoviendo asesinatos y masacres. Éstos fueron desplazados de sus tierras en diversas zonas geográficas del país debido a los antagonismos entre paramilitares y guerrilleros. El proceso que inició el expresidente Uribe desmovilizó una buena parte de los ejércitos paramilitares. Para muchos era necesario que este grupo pagara por sus crímenes, pero muchos no pagaron cárcel, otros pagaron poco tiempo. En la Internet no se han manifestado los Youtubers y otros personajes que tienen muchos seguidores en sus redes sociales para criticar este evento. El expresidente Pastrana y varias organizaciones internacionales sí expresaron sus insatisfacciones por dicho proceso.

Afrontar este camino de las negociaciones por la paz en Colombia, es dar la vuelta a una nueva página de la historia colombiana, en la que nuestros campesinos han tenido que pagar el precio más alto de esta guerra. El proceso de paz liderado por el presidente Juan Manuel Santos, las autoridades internacionales y la ONU, con el apoyo del equipo nacional que sigue trabajando en éste, es un llamado a la sensatez en cada uno de nosotros. Implica revisar nuestro inconsciente colectivo. Desde el siglo XIX las guerras perviven en Colombia porque han sido una puja entre poderes bipartidistas consolidados en el imaginario colectivo, aceptadas como algo natural. Sin embargo, no es natural que durante el siglo XIX hayamos tenido 11 constituciones políticas hasta 1886. Fueron guerras sin sentido que nos dejó sumidos en el absoluto atraso al iniciar el siglo XX, enfrentando yuxtaposiciones políticas como un lugar común, enseñándonos que quien gana es el mejor y el más fuerte y por supuesto el más violento y poderoso de los actores sociales.

Este proceso de paz tiene otro aprendizaje en nuestra cultura, pensamiento y formación, ahora comenzamos a construirlo, y no será fácil, no contiene fórmulas mágicas, lo que sí es seguro es que sus detractores necesitarán otros argumentos diferentes a la venganza y los odios irracionales que fomentan enfermedades físicas y mentales. Los colombianos(as) necesitamos reflexionar colectivamente y construir un país diverso y multicultural en nuestro presente, para que esas historias sangrientas no se vuelvan a repetir.

* Estudiante del Programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Tecnológica de Bolívar, Segundo Semestre.

Reseña de Mujeres y Guerra: Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano *

Por: Luis Alfredo Castillo Borja **

A lo largo de esta investigación se analizan las distintas dinámicas de violencia y resistencia en el Caribe colombiano con un enfoque de género. Víctimas o victimarias, líderes sociales o matronas clientelistas, los roles de la mujer en la toma paramilitar del Caribe colombiano no fueron por accidente.

Durante este ejercicio de memoria histórica se hace patente la participación de las mujeres en las estructuras bélicas, bien sea como espías, relacionistas o comandantes; también se evidencia la violación sistemática y deliberada de DDHH sobre aquellas mujeres en estado de indefensión.

Así pues, a lo largo del primer capítulo, titulado “La “Ruta del Terror” en la región Caribe”, se empieza exponiendo tanto el contexto sociopolítico que precedió la creación de las AUC, como el que se generó durante el apogeo y posterior mutación de las estructuras paramilitares en la costa norte de Colombia. A pinceladas mayúsculas, se afirma que la búsqueda de retaliación contra las diversas guerrillas presentes en la región (ELN, FARC, EPL, PRT) y el paralelo boom del tráfico de cocaína, son los antecedentes principales para la eventual formación de grupos de autodefensa. Se sugiere la lectura de Los Señores de la Guerra, de Gustavo Duncan, donde podrá encontrarse un análisis detallado y profundo de la dinámica anteriormente esbozada. Éste primer aparte se titula “La trayectoria de la formación de las AUC y la “Ruta del Terror””; nombre que resulta de los talleres de memoria histórica realizados en el territorio con los gestores de paz y la sociedad civil.

El segundo aparte se titula “El papel de las mujeres en las redes paramilitares”. Aquí se reafirma la tesis del carácter activo del género femenino en el conflicto; dejando de lado, por supuesto, juicios de valor al respecto. Así, por un lado, intentaron ser la cara amable y el puente de comunicaciones de las AUC, desde las comunidades, pasando por las élites políticas y económicas, hasta llegar incluso al Congreso de la República. En esa misma línea, fueron mujeres las que se encargaron de desarrollar el “proyecto social” de los grupos paramilitares; por ejemplo, imponiendo códigos de conducta bien definidos de acuerdo al género, llegando incluso a redefinir asuntos como la vestimenta. También funcionaron como enlace entre las AUC y las estructuras clientelistas, configurando el ambiente político de sus zonas de influencia a placer. Incluso en el plano estratégico y de inteligencia eran una pieza fundamental, bien sea como operadoras de telecomunicaciones, patrulleras, o infiltradas en los cascos urbanos. De la misma forma, participaron de los repertorios de terror característicos de los grupos paramilitares de la misma forma que sus pares masculinos, constituyéndose en los territorios estudiados como figuras intratables y despiadadas, que sopesaban el valor de la vida de sus víctimas con la misma frialdad que Jorge 40 o Salvatore Mancuso.

En el tercer y último aparte del capítulo, titulado “El sello de género de los repertorios de terror y violencia de las ACCU”, se profundiza sobre cómo la violencia se desarrolló diferencialmente de acuerdo al género. Empieza abordando la forma en qué ha variado la proporción de hombres y mujeres en el universo de víctimas durante el lapso estudiado. Llama la atención particularmente cómo durante el proceso de negociación con las AUC entre 2004 y 2005, el porcentaje de mujeres víctimas alcanza un 21,77%.

Posteriormente, se procede a evaluar si efectivamente unos y otras están más expuestos a cierto tipo de violaciones de DDHH. Así pues, al observar la gráfica de homicidios se aprecia un apabullante predominio de hombres como víctimas, llegando las mujeres tan solo a un pico de 9% en 2005. Entre tanto, la gráfica de tortura y violencia sexual ofrece un panorama inverso, particularmente en los años 1997 y 2005, donde el porcentaje de mujeres víctimas de éste tipo de violaciones alcanza un 67% y 60% respectivamente.

Yendo aún más profundo, los párrafos finales del aparte se dedican a resaltar cómo de acuerdo al rol ejercido por las mujeres, éstas podían ser más vulnerables a ser atacadas. Así, las mujeres emblemático-representativas, eran, luego de las no identificadas, el grupo más sistemáticamente vulnerado por las ACCU. Véase el capítulo 3 del informe, donde ésta tipología de mujeres víctimas es desarrollada.

En suma, éste primer capítulo de Mujeres y Guerra: víctimas y resistentes en el Caribe colombiano, busca visibilizar el carácter sistemático y programático de la violencia paramilitar; que su sevicia y crueldad no fueron accidentales y que, más que contrarrestar bélicamente a las guerrillas, lo que se hizo fue arremeter contra la población civil, pretendiendo establecer un orden social propio y vertical; arremetidas que extendieron el campo de batalla desde el monte hasta el cuerpo humano.

* Grupo de Memoria Histórica CNRR (2011) Mujeres y Guerra: Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica

** Estudiante del Programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Tecnológica de Bolívar.

Bolívar Sí Avanza 2016 – 2019: Preguntas y respuestas

Por: Stefanía Buitrago *

El pasado martes 24 de mayo el Semillero de Investigación en Política Pública de la Universidad Tecnológica de Bolívar, convocó a la comunidad académica, empresarial y actores sociales de la ciudad a que resolvieron sus dudas y brindaran comentarios al equipo formulador y creador del plan de desarrollo “Bolívar Sí Avanza” 2014 – 2019 en un conversatorio realizado en el auditorio Jorge Taua de la universidad.

Al iniciar el conversatorio, el equipo de la gobernación realizó una exposición en la cual la asesora de despacho, Fara Alies, destacó la importancia de haber realizado un diagnóstico que permitió identificar problemáticas y potencialidades del territorio. En ese ejercicio, se concluye que hasta ahora las fuentes de información para la toma de decisiones en política pública no son suficientes; por lo tanto, se planteó fomentar la participación de los ciudadanos a través de la creación de mesas de discusión, en las cuales se pretendió conocer las necesidades y demandas sociales de la población, obteniendo las bases para crear el documento guía de la planeación del departamento durante los próximos cuatro años.

Teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País”, tiene como principal enfoque la paz en los territorios históricamente afectados por el conflicto, en una segunda parte del evento, los asistentes se enfocaron en cuestionar el cómo se construirá ésta en el territorio bolivarense y los diferentes enfoques que tendrá.

Frente a estos interrogantes, el equipo formulador, conformado por Jorge Campos, Laura Rueda, Camilo Pineda y Alejandra López, resaltó la importancia que tuvo la construcción de paz en el territorio a la hora de redactar los proyectos y políticas públicas en el plan, los cuales tienen el fin de implementarse en pro y en finalidad de un Enfoque de Paz que seguirá los lineamientos del PND en temáticas como la reparación integral de las víctimas.

El equipo formulador también se refirió a los demás enfoques transversales dentro del plan de desarrollo, donde se puede encontrar un Enfoque de Género, el cual propende ratificar el compromiso del gobierno por lograr un cumplimiento efectivo a los derechos de la mujer y aumentar su participación en los procesos de la administración. Un Enfoque de Derechos Humanos, para lograr una promoción y protección de éstos derechos en nuestro departamento tanto en la implementación de políticas públicas como en el uso transparente de los recursos públicos. Y por último, un Enfoque Diferencial, que reconoce a todos los grupos étnicos brindando protección a su diversidad y cultura, y al mismo tiempo el cumplimiento de sus derechos individuales y colectivos en el territorio.

Al respecto, es válido preguntarse ¿Cómo se articularía este plan de desarrollo a la firma de los acuerdos de La Habana y a los diferentes proyectos territoriales que ese acuerdo conlleva? ¿Qué papel tendrían las administraciones municipales dentro de la implementación de esas nuevas acciones no contempladas en el plan?

Teniendo en cuenta las fallas en el modelo de descentralización del país sería clave aclarar el tipo de intervención y sus directos responsables a la hora de implementar nuevos proyectos en el departamento.

Al mismo tiempo, aunque ahora se tiene conocimiento de los problemas por resolver gracias al diagnóstico realizado por la administración departamental, existen vacíos de información y diferencias entre los datos presentados por la Gobernación y los de las organizaciones civiles no gubernamentales sobre los distintos temas a tratar, lo cual no permite conocer a ciencia cierta la  cantidad de beneficiarios directos que tendrían las posibles intervenciones, afectando al mismo  tiempo la creación de los presupuestos para estos proyectos. 

Por lo tanto, se recomienda a la administración identificar las diferentes organizaciones civiles que tienen como objetivo incidir en política pública, expertos académicos del tema, centros de estudio y pensamiento, para generar alianzas estratégicas y apoyo para lograr informar y capacitar a la ciudadanía en estos temas, con el fin de lograr procesos efectivos de toma de decisiones en los procesos de evaluación, implementación, deliberación y selección de alternativas en la formulación de políticas públicas.

* Profesor de Cátedra, Programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Tecnológica de Bolívar