Cartagena necesita luchar contra la corrupción

Por: Armando José Navarro Burgos *

Cartagena presenta un riesgo medio de corrupción. Así lo reveló el más reciente Índice de Transparencia Municipal (ITM 2013/14) elaborado por la Corporación Transparencia por Colombia, que ubicó a la ciudad en el puesto 13 sobre 41 del ranking nacional con una calificación de 63,3 puntos de cien posibles.

El ITM es una herramienta que mide la vulnerabilidad de las entidades públicas ante posibles actos de corrupción. Es precisamente esa la esencia de su creación: prevenir hechos de corrupción en la gestión administrativa del Estado. Para obtener la calificación se analiza el acceso a la información pública o la capacidad de la entidad para divulgar información sobre la gestión (visibilidad); talento humano, políticas anticorrupción, gestión de la contratación (institucionalidad); y, atención al ciudadano, mecanismos de participación y control (control y sanción).

De acuerdo con esto, Cartagena obtuvo una calificación baja en visibilidad e institucionalidad, es decir que acceder a la información pública es difícil a través de la página web de la Alcaldía y otras plataformas web existentes como el Sigob y Secop tampoco son eficientes. Por otro lado, no hay políticas claras por parte de la administración para luchar contra la corrupción, se perciben dificultades para conocer información sobre los funcionarios y se hallaron inconvenientes en temas de contratación.

Desde la coordinación del Observatorio a la Transparencia en la Contratación, de Funcicar, he tenido la oportunidad de analizar de cerca cómo se han invertido los recursos públicos en el Distrito, especialmente durante el gobierno de Dionisio Vélez.

Mediante informes de seguimiento anuales, semestrales y trimestrales dimos a conocer, a través de los medios de comunicación de la ciudad, los datos destacados de cada análisis. La finalidad de este ejercicio es activar la transparencia y el control social, en otras palabras: llamar la atención de la Alcaldía en su conjunto, de los órganos de control y motivar un despertar ciudadano.

Más allá de los resultados puntuales sobre el predominio de la contratación directa y la prestación de servicios, de las obras inconclusas, las dudas y la deuda que dejó el crédito público de $250 mil millones de pesos –uno de los más grandes en la historia de Cartagena-, lo más preocupante es encontrar que los procesos de contratación no se publiquen en los plazos establecidos por la ley con todos los documentos y anexos que le permitan a los ciudadanos realizar un efectivo seguimiento a la inversión de los recursos.

Lo anterior evidencia una clara falta a la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) y al Decreto 1082 de 2015, que reglamenta el deber de publicar.

Si bien la contratación es tan solo uno de los temas evaluados en el ITM de Transparencia por Colombia, sí es un factor que nos permite sacar conclusiones y percibir las dificultades que tiene el Distrito para ser más transparente, especialmente la Alcaldía y sus entidades descentralizadas. En consecuencia, si no se publica la información completa a tiempo, será muy difícil disminuir los riesgos de corrupción.

Hoy el índice de transparencia nos ubica al nivel de Riohacha. Mientras en el anterior ITM Cartagena estaba en el puesto 5° con un riesgo moderado de corrupción y bajó significativamente al 13°, nuestra vecina Barranquilla subió del 12° al puesto número 1 con la mejor calificación del país.

Lo anterior revela que hemos retrocedido y que las tareas pendientes son muchas. Esperamos que el Alcalde Manuel Vicente Duque cumpla con la promesa que lanzó en campaña y reiteró en la firma del pacto por la transparencia y en el nuevo plan anticorrupción del Distrito: ubicar a nuestra ciudad entre las cinco primeras del ITM al finalizar su gobierno.

* Politólogo egresado de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Coordinador del Observatorio a la Transparencia en la Contratación Estatal de Funcicar.

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